sábado, 24 de agosto de 2024

 

 

Calidad Educativa en Colombia: Más Allá del Mercado, Hacia una Educación que Respete y Fortalezca los Territorios

En las últimas décadas, la educación en Colombia ha experimentado una transformación significativa, pasando de ser vista como un derecho fundamental a convertirse en un servicio que opera bajo las reglas del mercado internacional. Este cambio ha sido impulsado por políticas públicas neoliberales que han reconfigurado el sistema educativo, alejándolo de su objetivo original de formar seres humanos íntegros, críticos y creativos. Como señala Pulido Chaves (2009), "la discusión vigente durante las últimas décadas en relación con la calidad de la educación ha estado regulada por el discurso neoliberal que recoge, sustancialmente, conceptos ligados al mundo de la producción industrial" (p. 9). En lugar de centrarse en la formación integral y humanista, la educación se ha orientado cada vez más hacia un enfoque instrumental y técnico, diseñado para satisfacer las demandas del mercado global.

Esta transformación ha llevado a que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, compitan entre sí no solo por recursos, sino también por reconocimiento, basado en estándares de calidad impuestos por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).   Como lo plantea Niño (2011):

Para el Banco Mundial y los neoliberales la educación debe estar al servicio del mercado, propósito enmascarado con un demagógico discurso técnico – científico – humanístico que condiciona el crecimiento económico y estabilidad sociopolítica de las naciones al estricto cumplimiento del recetario educativo neoliberal; para ello se apoyan en equipos de élite preparados por el Banco dirigidos específicamente a adecuar los sistemas educativos para formar capital humano, nuevo término acuñado para referirse a los ejércitos de reserva, factor indispensable en el modo de producción capitalista para deteriorar salarios y condiciones laborales de quienes no tienen otra cosa que vender sino su trabajo para beneficio de los  empleadores (p 4)

Estos estándares, reflejados en evaluaciones estandarizadas como las pruebas PISA y las pruebas de estado ICFES, promueven una visión de la educación que prioriza la eficiencia, la productividad y los resultados medibles. Sin embargo, como lo afirma Pulido (2009) “este enfoque ha provocado que las pruebas SABER y los exámenes de Estado actúan como un ranking que avala la oferta institucional en el mercado educativo y no como un instrumento de validación de calidad pedagógica, útil para fortalecer las garantías del derecho a la educación" (p. 7), ignorando las necesidades y realidades locales de un país tan diverso y pluricultural.

Como resultado, la educación ha pasado de ser un proceso integral, centrado en el desarrollo de la creatividad, la empatía y la capacidad crítica, a un modelo que privilegia la formación de individuos técnicamente competentes para el mercado laboral. Este cambio ha afectado la concepción de la educación como un derecho, y, en consecuencia, el sistema educativo colombiano se ha alejado de su misión de fomentar seres humanos libres y reflexivos, convirtiéndose en una herramienta al servicio de una economía global que perpetúa las desigualdades y limita el potencial transformador de la educación.

La estandarización y homogenización de las políticas públicas en el ámbito educativo ha profundizado aún más las brechas existentes entre los múltiples territorios de Colombia. A medida que se implementan políticas educativas que buscan uniformidad en los estándares de calidad, como las pruebas PISA y las pruebas de estado ICFES, se desconoce la diversidad y complejidad de los contextos territoriales en el país. Colombia es un país diverso, multiétnico y pluricultural; sin embargo, este reconocimiento, lamentablemente, queda relegado al papel en la Constitución, convirtiéndose en letra muerta, ya que, en la práctica, estas diversidades son ignoradas y excluidas de la realidad política y económica.

Por ejemplo, en territorios apartados y de difícil acceso, las comunidades enfrentan necesidades, imaginarios y problemáticas completamente diferentes a las de los centros urbanos. Estas comunidades se encuentran inmersas en contextos que requieren enfoques educativos específicos, adaptados a sus realidades. No obstante, las instituciones educativas en estos territorios son evaluadas bajo los mismos parámetros que aquellas ubicadas en ciudades o zonas urbanas, donde las dinámicas y posibilidades para garantizar derechos y servicios básicos son muy distintas. Como resultado, las instituciones en regiones como Guainía, Chocó, y otros lugares con altos índices de pobreza, marginación y violencia, tienden a ubicarse muy por debajo en el desempeño de las pruebas Saber 11. Pero estos resultados no reflejan las capacidades reales de los estudiantes ni los esfuerzos pedagógicos de las instituciones, sino más bien, la desconexión entre los estándares impuestos y las necesidades reales de estas comunidades.

La aplicación de estándares de calidad que buscan homogenizar, sin considerar las particularidades de cada región, no solo falla en reconocer las limitaciones y desafíos que enfrentan estas comunidades, sino que también perpetúa las desigualdades al imponer un modelo educativo que no responde a sus necesidades específicas. Las instituciones educativas en estos territorios, en su afán por cumplir con los estándares de calidad, a menudo se ven obligadas a priorizar los indicadores de desempeño sobre la implementación de soluciones que realmente aborden las problemáticas de sus contextos.

Por consiguiente, es evidente que los resultados en las pruebas Saber 11 no son un reflejo fiel de la educación que reciben los estudiantes. Estos resultados, en cambio, destacan la falta de adecuación de los estándares nacionales a las realidades locales. Las instituciones en estos contextos se ven obligadas a competir en un escenario desigual, donde las carencias materiales y humanas hacen que cumplir con los estándares nacionales sea una tarea casi imposible. En lugar de centrarse en soluciones pedagógicas que respondan a las necesidades de sus comunidades, estas instituciones están atrapadas en un ciclo de cumplimiento de estándares que poco tiene que ver con mejorar la educación en sus contextos específicos.

Este desajuste entre las políticas educativas estandarizadas y las realidades locales no solo exacerba las desigualdades existentes, sino que también limita el potencial transformador de la educación en las regiones más vulnerables del país. Es crucial que se reconozca la diversidad cultural y geográfica de Colombia en la formulación de políticas educativas, permitiendo que las instituciones educativas se adapten y respondan a las necesidades específicas de sus  territorios , en lugar de seguir un modelo impuesto que no refleja la realidad de su entorno.

 Por lo tanto,  la implementación de políticas públicas neoliberales en Colombia ha demostrado ser insuficiente para responder a las verdaderas necesidades del sistema educativo, alejándose significativamente del concepto integral de calidad en la educación. Estas políticas, al ignorar las particularidades de los territorios y reducir a los sujetos educativos a simples objetos de producción, han desvirtuado la esencia de lo que debería ser una educación de calidad. Es fundamental reconocer la importancia de medir la calidad educativa, pero no desde un enfoque empresarial y   de producción, sino desde una perspectiva que priorice la educación como un derecho  como lo   plantea Niño  (2011)“ la educación se considera un derecho fundamental inalienable de cada ser humano y un proceso social encaminado a la formación integral de los seres humanos en sus diferentes aspectos como el ejercicio pleno de la ciudadanía, el desarrollo intelectual, físico, afectivo, cognitivo, laboral, ético, estético, entre otros; en esta concepción de la educación es en donde ésta adquiere la connotación de ser un factor determinante en la tarea emancipadora y libertaria de las sociedades”(p. 4)

 

Las políticas educativas no deben ser diseñadas exclusivamente desde los escritorios en Bogotá, sino que deben construirse a través del diálogo directo con las comunidades en sus propios territorios. El sistema educativo en Colombia debe fortalecerse mediante una mayor inversión estatal y, sobre todo, debe reorientarse para que las instituciones educativas no solo repitan el saber, sino que lo generen a partir de sus contextos locales. Se necesita una educación que contribuya a la sostenibilidad de los territorios y que esté orientada no solo por criterios y estándares internacionales, sino también por soluciones locales que tengan un impacto real en las regiones y sus comunidades. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo educativo que respete y potencie la diversidad y riqueza cultural del país, garantizando una educación verdaderamente inclusiva y transformadora.

 

Referencias Bibliográficas

Niño Avendaño, S. (2011). La educación con calidad, un asunto de controversia. *Educación y Cultura, (92) 4-5. Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

Pulido Chaves, O. (2011)  La cuestión de la calidad de la educación. *Educación y Cultura, (92)*, 32-37. Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

 

 

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